*Por
Perla Prigoshin
La violencia de género es una lamentable cotidianeidad para las mujeres en el mundo y en nuestro país, como también es un dato de la realidad que nos falta recorrer un largo y trabajoso camino para que todas podamos disfrutar de una vida libre de violencias.
La violencia de género es una lamentable cotidianeidad para las mujeres en el mundo y en nuestro país, como también es un dato de la realidad que nos falta recorrer un largo y trabajoso camino para que todas podamos disfrutar de una vida libre de violencias.
La
Ley Nacional Nº 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos donde desarrollan sus
relaciones interpersonales, sancionada en el 2009 y reglamentada al año
siguiente, ha implicado un cambio de paradigma respecto de la Violencia de
Género y ha sido el resultado del esfuerzo mancomunado de diferentes actores
sociales y políticos entre los que rescatamos especialmente la lucha incansable
del movimiento de mujeres.
Las múltiples dimensiones de la violencia requieren del diseño e implementación de políticas públicas específicas e integradas entre las diferentes competencias y en los distintos niveles de administración tanto en el orden Nacional como Provincial y también Municipal.
El desarrollo articulado de estas políticas públicas nos permitirá potenciar las acciones de los diversos ámbitos de decisión de modo de lograr una ciudadanía plena para todas las mujeres de la Patria.
En el Día Internacional de la Lucha por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra cada 25 de noviembre, es importante pensar en la integralidad de las políticas públicas, especialmente en aquellas destinadas a la prevención de la violencia contra las mujeres.
En ese sentido, rescato el carácter integral de la ley mencionada, que surge directamente del título de la misma y la atraviesa por completo. Esto se refleja no sólo en la conceptualización de la violencia que la ley propone, incluyendo los tipos y modalidades reconocidos, sino también porque la norma responsabiliza de su ejecución a los tres poderes del Estado.
Así la integralidad de los diferentes tipos y modalidades de violencias definidos en nuestra Ley Nacional, como la descripción de funciones a cargo de cada órgano del ejecutivo, nos brindan los lineamientos necesarios para la elaboración de las políticas públicas.
En este marco, y entendiendo la necesidad de enfatizar el reproche social hacia la violencia de género este año se creó la CONSAVIG (la Comisión Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género) dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y se me designó a cargo de la misma.
Es nuestra misión implementar conjuntamente con otros organismos, las tareas vinculadas con la elaboración de normas, tanto de naturaleza legislativa como administrativa, referidas a la sanción de la violencia de género, así como también propiciar tareas de asesoramiento que profundicen la lucha contra la violencia de género.
Para cumplir con su cometido la CONSAVIG está integrada por profesionales con especialidad en la temática, que aportan sus conocimientos y experiencias, y que conforman el Consejo de Notables, el de Análisis Jurídico, el Interinstitucional y el Federal.
Respecto de este último Consejo es de destacar que ya cuenta con representaciones provinciales de la Comisión que coordino en cinco provincias argentinas: Neuquén, Salta, La Rioja, Tucumán y Río Negro, las que tienen como tarea esencial elaborar sanciones de la violencia de género respondiendo a las especificidades sociales, económicas y culturales de cada estado provincial.
La creación de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género es absolutamente coherente con la gestión de un gobierno que ha hecho de la defensa de los Derechos Humanos una de sus banderas. Frente a la vulneración de los derechos humanos de las mujeres no hay justicia sin sanción, entendida ésta no sólo como castigo al victimario sino, y esencialmente, como reparación a la víctima.
*Coordinadora Nacional de la Comisión Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género-Ministerio de Justicia.
Las múltiples dimensiones de la violencia requieren del diseño e implementación de políticas públicas específicas e integradas entre las diferentes competencias y en los distintos niveles de administración tanto en el orden Nacional como Provincial y también Municipal.
El desarrollo articulado de estas políticas públicas nos permitirá potenciar las acciones de los diversos ámbitos de decisión de modo de lograr una ciudadanía plena para todas las mujeres de la Patria.
En el Día Internacional de la Lucha por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra cada 25 de noviembre, es importante pensar en la integralidad de las políticas públicas, especialmente en aquellas destinadas a la prevención de la violencia contra las mujeres.
En ese sentido, rescato el carácter integral de la ley mencionada, que surge directamente del título de la misma y la atraviesa por completo. Esto se refleja no sólo en la conceptualización de la violencia que la ley propone, incluyendo los tipos y modalidades reconocidos, sino también porque la norma responsabiliza de su ejecución a los tres poderes del Estado.
Así la integralidad de los diferentes tipos y modalidades de violencias definidos en nuestra Ley Nacional, como la descripción de funciones a cargo de cada órgano del ejecutivo, nos brindan los lineamientos necesarios para la elaboración de las políticas públicas.
En este marco, y entendiendo la necesidad de enfatizar el reproche social hacia la violencia de género este año se creó la CONSAVIG (la Comisión Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género) dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y se me designó a cargo de la misma.
Es nuestra misión implementar conjuntamente con otros organismos, las tareas vinculadas con la elaboración de normas, tanto de naturaleza legislativa como administrativa, referidas a la sanción de la violencia de género, así como también propiciar tareas de asesoramiento que profundicen la lucha contra la violencia de género.
Para cumplir con su cometido la CONSAVIG está integrada por profesionales con especialidad en la temática, que aportan sus conocimientos y experiencias, y que conforman el Consejo de Notables, el de Análisis Jurídico, el Interinstitucional y el Federal.
Respecto de este último Consejo es de destacar que ya cuenta con representaciones provinciales de la Comisión que coordino en cinco provincias argentinas: Neuquén, Salta, La Rioja, Tucumán y Río Negro, las que tienen como tarea esencial elaborar sanciones de la violencia de género respondiendo a las especificidades sociales, económicas y culturales de cada estado provincial.
La creación de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género es absolutamente coherente con la gestión de un gobierno que ha hecho de la defensa de los Derechos Humanos una de sus banderas. Frente a la vulneración de los derechos humanos de las mujeres no hay justicia sin sanción, entendida ésta no sólo como castigo al victimario sino, y esencialmente, como reparación a la víctima.
*Coordinadora Nacional de la Comisión Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género-Ministerio de Justicia.
